SIN JUSTICIA NO HAY FELICES FIESTAS


Documento de la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad
REPRESION, MILITARIZACION Y CRIMINALIZACION

ES LA RESPUESTA DE ESTE GOBIERNO

El estallido social no es un problema de seguridad

El 20 de diciembre pasado en Bariloche estalló por unas horas la severa y profunda crisis social que sufren las familias sin trabajo y sin ingresos dignos desde el triunfo del modelo económico y político impuesto por la última dictadura militar en Argentina, perpetuado por las distintas variantes del neoliberalismo a partir de entonces. Millares de padres y madres de familias jóvenes jamás conocieron un empleo formal, ni el modo de vida que un ingreso estable y justo permite construir en un espacio comunitario que no esté sofocado por las redes criminales permitidas por el Estado.

En nuestra ciudad confluyen el malestar profundo producido por el modelo de exclusión y acumulación de riquezas desigual e injusto con la violencia estatal instalada a partir del 17 de junio de 2010, cuya vigencia e impunidad se manifiestan a diario en total violación a los derechos y garantías consagradas por el estado de derecho.

Llamamos a profundizar el análisis de algunas de las causas locales del estallido ante las simplificaciones porteñas que buscan eliminar, ignorar y negar el proceso local en una maniquea defensa de la democracia con los fantasmas del 2001.

El estallido social no es un problema de seguridad –como coincidieron en caracterizar los gobiernos nacional, provincial y municipal-, ni se resuelve militarizando la ciudad ni criminalizando la protesta social.

En el caso concreto de Bariloche, además, ese modelo de control social representa el perdón estatal a los crímenes cometidos por la policía provincial en junio de 2010 y su regreso legitimado a las calles de los barrios pobres. La implementación de ese modelo en su forma más preocupante son los allanamientos masivos en los barrios que esta semana realiza el juez penal de Bariloche Ricardo Calcagno con un dispositivo de efectivos armados jamás visto ni para buscar arsenales de armas de guerra, secuestrando plasmas, sidras y pan dulce.

El poder económico y político instaló la idea que el saqueo se produce desde el campo del pueblo. Encontró una oportunidad para volver a endiosar el valor de la propiedad privada –vulnerada en las apropiaciones violentas en los supermercados y comercios-, cuando no accede a discutir los saqueos masivos a los bienes de la naturaleza por parte de multinacionales extranjeras, el uso sin límites de las rentas comunes, el flujo de ayuda económica discrecional a sectores de la industria local y los emprendimientos inmobiliarios de élite, entre otros destinos de privilegio de los recursos públicos cuyo impacto económico habría que comparar con el valor de una beca o de un plan Argentina Trabaja.

A la vez, el discurso oficial busca demonizar a los supuestos iniciadores del conflicto como si un estallido de esta magnitud fuera posible sin un malestar profundo de fondo.

El discurso dominante moralista se toma la atribución de cuestionar la dignidad de la pobreza (“se llevan un plasma y no comida”), pero calla estratégicamente sobre la presunta dignidad de la riqueza y la acumulación desigual de bienes.

Pongamos en duda ¿qué es un saqueo? ¿quiénes son los saqueadores? ¿qué representa un plasma en la casa de una familia en el umbral de la subsistencia? ¿por qué el estado le suma más violencia a la pobreza con los allanamientos en Navidad? ¿quién tiene derecho a una celebración digna y en paz?

La policía de RN provocó y reprimió el 20 de diciembre

Después del mediodía del jueves 20, cuando todos los organismos del Estado ya tenían un panorama concreto del conflicto en la ciudad, como Multisectorial pudimos ver y vivir en la calle la acción de la “nueva” policía de siempre.

La policía provincial provocó sistemáticamente a los jóvenes en las calles para generar las condiciones para la represión masiva primero y, después, el desembarco de las fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria) militarizando la ciudad.

Por su parte, la gente del pueblo adulta intentó en la calle disuadir a la policía, asumiendo el papel que el propio Estado y los gobiernos no cumplieron.

La policía protagonizó uno de los mensajes políticos más originales y perversos de la jornada: en forma masiva y abierta desató una lluvia de piedras contra la población civil y las viviendas, como un modo simbólico de cuestionar no poder usar armas de fuego contra los manifestante, gesto muy bien recibido e interpretado por los sectores que exigen “mano dura” contra la protesta social.

En todo momento actuó como patota rabiosa y politizada. Atacó a la prensa, lanzó lluvia de piedras sobre casas con niños, destruyó con las mismas piedras un vehículo particular y salió de cacería por todos los barrios buscando pibes. Actuaron agentes de civil en vehículos oficiales y otros comunes sin patentes.

Vimos detener en la calle y en medio del conflicto por lo menos a un joven en un horario en que no hay registro de detenidos.

“Tenemos 18 policías heridos. La van a pagar”, amenazaron ese mismo día a viva voz.

Al caer la noche, cuando la acción de protesta estaba calmada, al menos dos policías atacaron a un jovencito de 15 años. Primero, una mujer policía lo golpeó en la cabeza haciéndole saltar tres dientes; luego, otro le disparó un escopetazo a quemarropa en el tórax a un metro y medio aproximadamente. La propia víctima sostiene que fue la policía quien lo atacó.

Esa misma noche los funcionarios públicos conocieron el hecho. Aún así el propio gobernador Weretilneck, su ministro de Gobierno y funcionarios de la cartera de Seguridad actúan públicamente como si no hubiera habido represión ni prácticas terroristas de parte de dispositivos del estado contra la población civil.

Tristemente, además, el ministro de Gobierno Di Giácamo dijo que “no hubo excesos”, un concepto que no tendría que tener lugar en una democracia de vigencia real de derechos y garantías.

La justicia del plasma y del pan dulce

Ricardo Calcagno, el mismo juez que busca con docenas de gendarmes y policías denodadamente los plasmas de los super en los barrios populares, es el mismo que no encuentra a los policías que el 17 de junio de 2010 asesinaron a Nino Carrasco primero y a Sergio Cárdenas un ahora después, en el barrio Boris Furman de El Alto de Bariloche.

El mismo que analiza y pide videos y fotos es el mismo que no ve delito en decenas de fotos que prueban el uso de munición de guerra contra la población civil ese 17 de junio.

El mismo que debe investigar la privación ilegal de la libertad y torturas sufrida el 13 de diciembre un tío de Nino Carrasco.

La Fiscalía de instrucción, la misma que asegura no tener instrumentos jurídicos de protección de la identidad para las víctimas del terrorismo policial, instrumentó un número de teléfono para la delación, a la vez que instauró un gravísimo antecedente por el que se hace partícipe a la sociedad de un dispositivo de hostigamiento y persecución contra los más débiles a la medida de los deseos y necesidades del poder.

La Fiscalía ahora atiende las 24 horas a los delatores del plasma, cuando no es posible encontrarla un fin de semana para denunciar apremios o torturas.

La misma justicia que busca “manos negras” detrás de los grupos de los supermercados es la misma que no encuentra ni busca a los responsables políticos e institucionales de los crímenes de junio, cuando los hallaría con un organigrama o leyendo la prensa al ex gobernador Saiz, al ex ministro Larreguy y al ex secretario de Seguridad Víctor Cufré.

El poder judicial de RN es parte activa del proceso que se materializó el 17 de junio de 2010. Toda su acción criminalizadora de hoy es parte del ajuste de cuentas contra el pueblo por todas las denuncias hechas por las prácticas de terrorismo de estado, las torturas, las amenazas, las golpizas, la cobertura a los policías asesinos que hacen guardia en tribunales.

Las respuestas de los gobiernos y el Estado

A la pobreza responden con asistencialismo discrecional; al estallido social con represión, militarización y criminalización masivos contra los sectores más vulnerables del pueblo.

¿Qué cambió en Bariloche, qué razones políticas e institucionales llevaron a disponer que 400 efectivos de Gendarmería patrullen la ciudad, colaboren a la justicia local en los allanamientos masivos en barrios populares? El propio gobierno provincial había rechazado esa opción hace unos meses atrás.

En Río Negro el gobierno redobló la apuesta de violencia simbólica y material contra el estallido:

El delegado local de la secretaría de Derechos Humanos Raúl Prytula reeditó la teoría de “los dos demonios”: anunció que acompañará al padre del menor baleado por la policía, a la vez que investigará los ataques a los policías por parte de los manifestantes. Posiciones como la de esta oficina pública alimentan la confusión entre la gente sobre los alcances de la protección de los derechos humanos, ya que el mismo estado que ataca (a balazos con la policía) después acompaña a hacer la denuncia penal.
El gobernador anunció que promoverá demanda penal contra los autores materiales e intelectuales de “los saqueos”, en una opción criminalizadora que lo sitúa en la peor tradición persecutoria al igual que su par neuquino Jorge Sapag.
El secretario de Seguridad y Justicia Miguel Bermejo calificó de “raros” a los estallidos en una confesión de extrema pobreza de capacidad de análisis político, a la vez que anunció la posibilidad de crear una fuerza de reservistas especialmente entrenados para actuar en este tipo de manifestaciones públicas y protestas sociales. Cuando todavía no conocemos la diferencia entre el ex BORA y el nuevo Coer ya se prepara otro cuerpo especial.
· Nuestra solidaridad con Luciano, el jovencito atacado por la policía de RN el 20 de diciembre en Bariloche;

· Nuestro acompañamiento a la distancia con las familias de las cuatro víctimas fatales que arrojó la jornada de protesta en el país;

· Rechazamos el camino de la judicialización del estallido social y de la criminalización de la gente del pueblo que intervino;

· Exigimos que los sectores del poder político y económico no diriman sus luchas en el seno del pueblo con sus necesidades.

La impunidad de junio de 2010 atravesará todos y cada uno de los reclamos del pueblo hasta que no haya verdad y justicia.

SIN JUSTICIA NO HAY FELICES FIESTAS

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