La militancia social bajo vigilancia


En Argentina ley antiterrorista y el Proyecto X enfocan claramente en el control y vigilancia, por parte de estamentos gubrenamentales, de la militancia de algunos grupos sociales, en especial de sus principales  referentes.

María Victoria Moyano Artigas tiene 33 años y es hija de detenidos-desaparecidos por la última dictadura militar, nacida en cautiverio en el pozo de Banfield y recuperada por sus abuelos en 1987. Es, además, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y fue candidata a senadora por el Frente de Izquierda en las últimas elecciones.

Por esa militancia, y por el apoyo al reclamo de los trabajadores de Kraft a principios de 2011, Moyano es uno de los “espíados” en el marco del Proyecto X, el presunto plan de inteligencia de Gendarmería Nacional para recolectar información sobre dirigentes y sindicalistas opositores al oficialismo.

Durante las protestas de Kraft y otras fábrica, Moyano -querellante en la causa contra Gendarmería- y otros militantes (entre ellos una Madre de Plaza de Mayo) fueron fotografiadas por agentes camuflados de civil, aunque en el momento no se enteraron.

“No sabíamos por que ellos tienen una metodología en la que se disfrazan de civiles y actúan como prensa independiente, por lo cual ninguno de nosotros pudimos detectarlos”, relató la militante en un entrevista.

“Lo que la gente tiene que saber es que esta fuerza (por Gendarmería) no sólamente hacen espionaje: la base de datos del Proyecto X está conformada por los datos de este tipo de accionar de espionaje”, denunció Moyano, y agregó que el proyecto construye una base de datos propia con “datos personales, hábitos, a qué organización pertenecés”.

“Ayer marchamos contra la ley antiterrorista, en este marco vamos a ser todos terroristas y con una base de datos de este tipo hay un salto enorme en criminalizar la protesta”, concluyó Moyano.

Precisamente la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda y centroizquierda se movilizaron ayer al Congreso nacional para reclamar la derogación de la ley antiterrorista, aprobada en diciembre último, al considerar que abre las puertas para criminalizar la protesta social.

Tras marchar por el microcentro porteño, los organizadores firmaron un documento en el que se indica que la ley “amplía groseramente el campo de la criminalización de la protesta” y que, además, es “promovida por el gobierno nacional a pedido de del Departamento de Estado de EEUU a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi)” con el fin antes dicho.

“Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social”, se dice en el documento, leídos ante las puertas del Congreso.

En el lugar pudo verse, al jefe de la CTA no kirchnerista, Pablo Micheli; la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas; el diputado de Unión Popular y ex líder de la CTA Víctor De Gennaro; el jefe de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas; la dirigente del MST Vilma Ripol, los diputados nacionales Gerardo Milman y Virginia Linares (GEN), Horacio Piemonte (CC-ARI), entre otros.

Según De Gennaro, “el gobierno impulsó esta ley en defensa de los intereses de las transnacionales” con el objeto de “meter presión y terror a los militantes populares”, tras recordar que en el país hay 4.800 procesados por participar en distintos tipos de reclamos sociales.

En tanto, Christian Castillo, ex candidato a vicepresidente del FIT, consideró “nefasta”, ya que —dijo— “fortalece la persecución de las luchas de los trabajadores y el pueblo”.

Mientras, el senador del GEN Jaime Linares, en un comunicado, indicó que “el gobierno evidencia una vez más el falso progresismo: en el discurso son un gobierno nacional y popular pero en la acción utilizan este tipo de herramientas para reprimir los reclamos sociales, perseguir y atentar contra los derechos más elementales”.

El secretario adjunto de la CTA, Ricardo Peidro, consideró que “esta ley se duplicaron las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si el juez considera que fue cometido por una organización o individuo con el fin de generar «terror» en la población o de «obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla»”.

“Bajo esta legislación —continuó— cualquier lucha social, gremial, territorial puede ser potencialmente caracterizada como «terrorista». No se trata de un debate en abstracto: leyes del mismo tenor en Chile, Colombia y Perú sirven para reprimir, detener y procesar hoy a más de 500 referentes campesinos-indígenas que defienden sus tierras frente a las transnacionales”.

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